por: Dr. Luis Raymundo Massé Moreno
SUMARIO: Introducción. I. Justificación de los
delitos de prisión preventiva oficiosa. II. Regulación de la detención por caso
urgente. Bibliografía.
Introducción
Como consecuencia de la reforma
constitucional del 18 de junio de 2008, el legislador realizó una diferenciación
entre la prisión preventiva oficiosa y la detención por caso urgente, la primera
deriva de lo establecido en el artículo 19 constitucional, mientras que la
segunda, tiene su fundamento constitucional en el artículo 16.
No obstante lo anterior, dentro
del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen dos catálogos de
delitos distintos para ambas figuras, el primer catálogo establece aquellos
delitos que son considerados para imponer la prisión preventiva oficiosa,
mientras que existe otro catálogo que establece los delitos considerados como
graves para el efecto de que el ministerio público emita una orden de detención
por caso urgente.
Por si esto fuera poco, este catálogo
de delitos graves se integra tanto por el catálogo de delitos de prisión
preventiva oficiosa previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además
de los delitos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión,
con independencia de la forma de su comisión y característica normativa. Situación
que es digna de analizarse por las implicaciones y afectaciones a la libertad
personal de los imputados en el procedimiento penal acusatorio.
I.
JUSTIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
A raíz de la reforma
constitucional de 2008 cambio radicalmente la forma de ver la justicia y por
ende del procedimiento penal que durante más de ochenta años conocimos. Es por
ello que como lo preveía con anterioridad el Código Federal de Procedimientos
Penales (ahora abrogado) existía un catálogo de delitos que eran considerados
como graves, en la mayoría de las ocasiones por tutelar bienes jurídicos de
real importancia para las personas, instituciones o la misma sociedad, pero por
otro lado, y hay que decirlo, existen en ese listado delitos que por cuestiones
políticas o simplemente capricho del legislador fueron incluidos, teniendo como
consecuencia que las personas consignadas por algún delito contenido en el
temido catálogo de delitos graves tuviera forzosamente como medida cautelar a
imponer, la prisión preventiva.
Este catálogo de delitos graves fue
reformado en 16 ocasiones en los decretos de fechas:
1)
17 de mayo de 1999
|
2)
01 de junio de 2001
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3)
06 de febrero de 2002
|
4)
08 de febrero de 2006
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5)
26 de junio de 2008
|
6)
23 de enero de 2009
|
7)
20 de agosto de 2009
|
8)
19 de agosto de 2010;
|
9)
30 de noviembre de 2010
|
10)
25 de mayo de 2011
|
11)
14 de junio de 2012
|
12)
14 de enero de 2013
|
13)
25 de enero de 2013
|
14)
10 de enero de 2014
|
15)
14 de marzo de 2014, y
|
16) 12 de enero de 2016
|
En dicho catálogo se contienen
delitos previstos en el Código Penal Federal y delitos especiales contenidos en
otros ordenamientos penales o de otras materias, como la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de
Migración, Código Fiscal de la Federación, Ley de la Propiedad Industrial, Ley
de Instituciones de Crédito, entre muchas otras. No obstante lo anterior, en el
sistema mixto la generalidad era que los delitos fueran considerados graves de
aquellos que no lo eran, se abusaba en la imposición de la prisión preventiva y
es por ello que con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, cambio
el razonamiento y la política criminal para aplicar en forma cabal por un lado
la presunción de inocencia[1] y
por otro, la última ratio de la prisión preventiva,[2]
tal y como así lo establecen distintos instrumentos jurídicos internacionales[3]
aunado a que existe un hacinamiento en las cárceles del país por la aplicación
de la prisión preventiva lo que ha generado un problema mayúsculo para las
autoridades penitenciarias en el fuero federal y común.
Ahora bien, debemos distinguir
entre dos conceptos que parecen ser similares pero que no lo son en la práctica,
pues una cosa es que por cualquier delito que merezca pena privativa de
libertad habrá lugar a prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo
18 constitucional, esto es, que puede caber la posibilidad de que el ministerio
público pueda solicitar la medida cautelar de prisión preventiva por la
comisión de cualquier delito siempre y cuando exista pena de prisión y con
independencia de su forma de comisión; y otra figura muy distinta es la prisión
preventiva oficiosa la cual de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo
constitucional en el cual señala que “El
juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así
como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.” Esto significa
que será el juez y no el ministerio público el que determine la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa cuando concurra cualquiera de estos delitos.
II.
REGULACIÓN DE LA DETENCIÓN POR CASO URGENTE.
El caso urgente, conforme al artículo 150 del
Código Nacional de Procedimientos Penales se define como aquella detención,
bajo la responsabilidad del ministerio público cuando: 1) Existan datos que
establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista
la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión; 2) Exista
riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia;
3) Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir
ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.
Además, sólo para los efectos del caso
urgente existe un catálogo aparte, distinto y muy basto que tiene su origen en
la gravedad del delito y en consecuencia, la procedencia de la detención, los
cuales se pueden relacionar de la siguiente forma:
ORDENAMIENTO
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DELITOS EN LOS QUE PROCEDE LA DETENCIÓN POR CASO URGENTE
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
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Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
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LEY GENERAL DE SALUD
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NO SE HA LEGISLADO AL RESPECTO[4]
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LEY GENERAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL DELITO DE SECUESTRO
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Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera;
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.
Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
c) Que se realice con violencia;
d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;
e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;
II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;
d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.
Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.
Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa.
Artículo 17. Se aplicará pena de nueve años a veintiséis años de prisión y de cuatrocientos a dos mil días de multa al servidor público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, o de hacer saber de inmediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro dato relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión de las conductas previstas en esta Ley.
Artículo 18. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en esta Ley que sea o hubiere sido servidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública, se le aplicará como parte de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de prisión que se le imponga por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva.
Cualquier otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se imponga. Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión.
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LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS
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Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.
……..
Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días multa.
……..
Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
………
Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:
I. El engaño;
II. La violencia física o moral;
III. El abuso de poder;
IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.
Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene (sic) la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo.
Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.
Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.
No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.
Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.
Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.
Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello.
Artículo 19. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o
II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o
III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o
IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas prácticas; o
V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o
VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada.
Artículo 20. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior.
Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.
………
Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.
………
Artículo 23. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:
I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;
II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el Distrito Federal o sus demarcaciones territoriales, los estados o municipios;
III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada.
Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.
……….
Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.
……….
Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.
……
Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que:
I. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella;
II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares;
III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.
Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.
Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud.
Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia.
Artículo 35. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.
Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa, al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos.
Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o del poder judicial la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil días multa.
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CÓDIGO PENAL FEDERAL
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I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
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DELITOS DIVERSOS
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CUYO TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO SEA MAYOR DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN[5]
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Sobre la regulación
de los delitos para la detención en caso urgente tenemos que analizar varias
situaciones:
A. En
primer término debemos establecer que el legislador amplió el catálogo de
delitos por medio de los cuales el ministerio público puede girar una orden de
detención por caso urgente, por lo que en el sistema de justicia penal
acusatorio no debe pensarse que por regla general en la etapa de investigación
será citado el imputado, no, sino que todo abogado debe cuidar que no se abuse
de la detención en caso urgente al pretextar la autoridad que se cumplen los
tres requisitos formales que ya mencionamos pero sobre todo que el delito por
el cual esta siendo investigado el imputado no sea del catálogo especial para
la detención en caso urgente. Eso es lo que consideramos que es más importante,
en virtud de que los tres requisitos formales (1) Existan datos que establezcan
la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la
probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión; 2) Exista
riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia;
3) Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir
ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse) bien
pueden cuadrarse en la mayoría de las investigaciones, sin embargo el delito
por el cual se investiga es el filtro por medio del cual hace procedente dicha
detención.
B. Con
la emisión del catálogo exclusivo para la procedencia de la detención por caso
urgente, consideramos que el legislador dejó de prever el principio de
presunción de inocencia y la última ratio de la prisión preventiva, toda vez
que abrió el abanico de posibilidades para que ahora por una gran mayoría de
delitos pueda detenerse a una persona con argumentos discrecionales y
subjetivos como lo es la justificación del riesgo fundado de que el imputado
pueda sustraerse a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o
cualquier otra circunstancia se piense que el imputado pueda evadirse.
C. Aún
no se legisla sobre los delitos de la Ley General de Salud que pudieran llegar
a ser sujetos de prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 150
y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que es necesario
que se analicen los delitos contenidos en la normativa sanitaria para cumplir
con la totalidad de delitos graves para la procedencia de la detención por caso
urgente.
D.
Deben diferenciarse los delitos en los que procede la prisión preventiva
oficiosa tanto a nivel constitucional[6] como los delitos
contenidos para los mismos efectos en el Código Nacional de Procedimientos
Penales[7] de los delitos que deben
considerarse como graves para el único efecto de que el ministerio público
pueda emitir el oficio de detención por caso urgente, fuera de estos casos no
puede emitirse ni ejecutarse una orden de detención por caso urgente.
En conclusión,
pudiera pensarse que la orden de detención por caso urgente emitida por el
ministerio público es una orden de aprehensión disfrazada en donde se le otorga
la facultad al ministerio público para que, por circunstancias especiales,
aprehenda al imputado para ser presentado ante el juez de control.
BIBLIOGRAFÍA
- Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Código Federal de
Procedimientos Penales.
- Código Nacional de
Procedimientos Penales.
- Código Penal
Federal.
- DECRETO por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas
que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI
del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de
la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.
- Semanario Judicial
de la Federación.
Contacto: masveabogados@hotmail.com
Contacto: masveabogados@hotmail.com
[1]
Véanse: Época: Décima Época, Registro: 2011373, Instancia: Primera Sala, Tipo
de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.
LXXXIII/2016 (10a.), Página: 1113, de rubro: DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE
CONTRIBUCIONES. CUANDO SON APLICADOS EN EL PROCESO PENAL, LOS ARTÍCULOS 55,
FRACCIONES I Y II, Y 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO
VIOLAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO.
Época: Décima Época, Registro: 2003692, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX,
Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLXXVII/2013
(10a.), Página: 563, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN
SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL.
Época: Décima Época, Registro: 2003693, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX,
Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLXXVI/2013
(10a.), Página: 564, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN
SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. Época: Décima
Época, Registro: 2003694, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de
2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLXXIX/2013 (10a.),
Página: 565, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU
VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE MINISTERIAL.
Época: Décima Época, Registro: 2003347, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX,
Abril de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XCIV/2013 (10a.),
Página: 968, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE
TRATO PROCESAL. Época: Décima Época, Registro: 2000124, Instancia: Primera
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.
I/2012 (10a.), Página: 2917, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO
RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.
[2]
Véanse: Época: Décima Época, Registro: 160643, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.
CCXXXVI/2011 (9a.), Página: 209, de rubro: SECUESTRO EXPRESS. EL ARTÍCULO 163
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO SANCIONA, NO TRASGREDE LA
GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL (TEST DE PROPORCIONALIDAD EN
MATERIA PENAL). Época: Décima Época, Registro: 2011746, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Materia(s):
Constitucional, Tesis: II.1o.33 P (10a.), Página: 2834, de rubro: PRISIÓN
PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO
DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL
ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A
JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA
DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
[3]
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Artículo 11.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; artículo 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos; artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, y artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos; PRISIÓN PREVENTIVA: Artículo 9.3 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos.
[4]
No obstante que el párrafo cuarto del artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales establece con claridad que la Ley General de Salud establecerán
los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa y por tanto en
concatenación con el artículo 150 fracción I del citado Código procederá la
detención por caso urgente, al día de la fecha el legislador ha sido omiso en
analizar los delitos contenidos en la Ley General de Salud y por tanto NO
existen delitos en materia de salubridad en los que proceda la prisión
preventiva oficiosa y en consecuencia no pueden ser materia de la detención en
caso urgente.
[5]
Esto incluye también a todos los delitos especiales contenidos en cualquier
disposición legal distinta del Código Penal Federal, los cuales por cierto no
fueron materia de estudio del legislador. A manera de ejemplo podemos señalar
los delitos previstos en el Código Penal Federal de: Piratería (147);
Asociación delictuosa (164); Ataques a las vías generales de comunicación
(166); Intervención ilegal de comunicaciones privadas (177); Negación a
colaborar o proporcionar información sobre localización geográfica (178 bis);
Delitos contra los derechos reproductivos (199-TER); Esterilidad provocada
(199-Quintus); Corrupción de menores (201); Revelación de información
proveniente de intervención de comunicaciones (211-Bis); Acceso ilícito a
sistemas y equipos de informática (211-Bis-2); Abuso de autoridad (215
fracciones VI a IX, XIII a XVI); Desaparición forzada de personas (215-B); Uso
indebido de atribuciones y facultades (217); Cohecho (222); Enriquecimiento
ilícito (224); Falsificación de documentos públicos (243 y 246); Abuso sexual
(260); Necrofilia (281); Retardo o entorpecimiento malicioso o negligencia en
la procuración o administración de justicia (325); Abuso de confianza (382);
Fraude (386, fracción III); Despojo (395); Daño en propiedad ajena (397), entre
muchos otros.
[6]
Artículo 19, segundo párrafo, segunda parte (porción normativa).- “El juez
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.”
[7]
Artículo 167, sexto párrafo (porción normativa).- “Se consideran delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal
de la manera siguiente:
I. Homicidio doloso
previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;
II. Genocidio, previsto en
el artículo 149 Bis;
III. Violación prevista en
los artículos 265, 266 y 266 Bis;
IV. Traición a la patria,
previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;
V. Espionaje, previsto en
los artículos 127 y 128;
VI. Terrorismo, previsto en
los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los
artículos 148 Bis al 148 Quáter;
VII. Sabotaje, previsto en
el artículo 140, párrafo primero;
VIII. Los previstos en los
artículos 142, párrafo segundo y 145;
IX. Corrupción de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;
X. Tráfico de menores,
previsto en el artículo 366 Ter;
XI. Contra la salud,
previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y
198, parte primera del párrafo tercero.
