por: Dr. Luis Raymundo Massé Moreno
No cabe duda de que
actualmente la internet y demás redes sociales que se encuentran conectadas a
algún servidor en alguna parte del mundo constituyen una fuente de información,
la cual puede ser benéfica para las partes en los diversos juicios que se
instauran en los tribunales.
Ello es así pues las
fotografías, videos, documentos, opiniones, conversaciones, entre otras muchas
cosas pueden constituir de primera mano indicios, medios de prueba y
posteriormente pruebas en un juicio, pero a todo esto, si el Código Nacional de
Procedimientos Penales nos favorece al establecer que cualquier hecho puede ser
probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito.[1] Los cuales pueden
clasificarse como:
I. Dato de prueba: Es la referencia al contenido
de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano
jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer
razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación
del imputado.
II. Medios o elementos de prueba: Son toda fuente
de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades
procedimentales previstas para cada uno de ellos.
III. Prueba: Es todo conocimiento cierto o
probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una
audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción,
sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una
conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.[2]
En consecuencia, la
información, contenido de páginas de internet e incluso conversaciones
telefónicas y de whatsapp sí pueden ser constituirse como datos de prueba o
medio de prueba siempre y cuando estos hayan sido recabados de manera lícita,
esto es, cuando una conversación telefónica sea grabada y ofrecida como dato de
prueba por alguno de los interlocutores de la comunicación, o cuando se
ofrezcan datos de prueba contenidos en páginas de internet oficiales o de
acceso público en páginas particulares como Facebook, siempre y cuando no se
haya violado la seguridad de las páginas (hackeo) o las conversaciones de
whatsapp provenientes de un celular propiedad de alguno de los intervinientes en
la misma o cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con
quien se guarda dicho deber.[3], [4]
Caso contrario será cuando,
la información proveniente de internet sea de un tercero y a la cual se haya
tenido acceso mediante el hackeo de la página o del robo del contenido del
celular para ofrecerla posteriormente como dato de prueba, pues en estos
supuestos deberá ser declarada por la autoridad judicial como prueba ilícita.[5]
Ahora bien, el artículo 380
del Código Nacional de Procedimientos Penales define la prueba material, la
cual incluye grabaciones o videograbaciones:
“Se
considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre
algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga
de demostrar sus afirmaciones. El Órgano jurisdiccional, a solicitud de los
interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes
escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para
leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte
conducente.”
En ese tenor, la norma acepta y reconoce cualquier instrumento de información
electrónica o digital para que pueda ser incorporada en el procedimiento penal.
Tal conclusión tiene de igual manera sustento en el artículo 281 del Código
Nacional, a saber:
“En
caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en
medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y el
Órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción,
la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Cuando la parte
oferente, previo apercibimiento no provea del medio idóneo para su
reproducción, no se podrá llevar a cabo el desahogo de la misma.”
Una
vez definido lo anterior, su incorporación en el procedimiento deberán ser
exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que
los reconozcan o informen sobre ellos. Esta situación es importante pues tiene
dos objetivos primordiales: el primero, consiste en informar del dato de prueba
o prueba al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, el cual
debió ser incorporado a la carpeta de investigación en la etapa inicial,
complementaria o en su caso, ofrecido como prueba en la etapa intermedia;
segundo, se hace un reconocimiento sobre el dato de prueba o prueba por parte
del interviniente; tercero, se puede hacer una relación de situación tiempo
respecto al dato de prueba o prueba; cuarto, se puede hacer una relación
respecto a información adicional sobre el propio dato de prueba o prueba; y
quinto, puede reforzarse la autenticidad del contenido del dato de prueba o
prueba.
No
obstante lo anterior, si bien es cierto que a la fecha no existen jurisprudencias
que interpreten las pruebas electrónicas en el procedimiento penal acusatorio,
si existen algunos criterios en otras materias que bien pueden ser orientadores
y que dan luz respecto a la viabilidad en cuanto a su validez legal. Por
ejemplo el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación:
“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU
CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN
JUDICIAL.[6]
Los datos publicados en documentos o
páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar
parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se
dicta una resolución judicial, de
conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El
acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de
personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general
cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura
normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de
información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa
información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo
cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma
parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado
como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión
judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad,
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las
partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya
una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le
reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras,
S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito
López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.”
Otro
ejemplo lo tenemos con la inspección ocular que se ofrece al presentar la
documental pública consistente en la impresión de una página de internet:
INSPECCIÓN OCULAR RESPECTO A UNA PÁGINA
DE INTERNET. SU DESECHAMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO ES ILEGAL CUANDO SE FUNDA
EN QUE EL PERSONAL JUDICIAL REQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALES.[7]
La prueba de inspección ocular trata
sobre el reconocimiento de hechos, lugares, circunstancias y cosas en la forma
en que se encuentren al verificarse la diligencia, cuya finalidad es aclarar o
fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos
especiales; es
decir, su objeto atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos
con verificación al momento. Ahora bien, si se considera que actualmente el
uso de las computadoras es común en los órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial de la Federación, pues para llevar a cabo las labores cotidianas que
demanda, los equipos de cómputo, e inclusive el uso de internet, son
herramientas fundamentales para cumplir con ello, se deduce que el servidor
público cuenta con la presunción de tener los conocimientos y los medios
necesarios para utilizarlos. Entonces, si se ofrece esa prueba respecto
a una página de internet con el fin de que el personal judicial consulte y
asiente su contenido, resulta ilegal desecharla cuando se funda en que se
requieren conocimientos técnicos especiales, máxime que la institución cuenta
con una dirección encargada de las tecnologías de la información que, entre
otras funciones, da soporte técnico a los usuarios de los equipos tecnológicos
con la finalidad de asesorarlos e instruirlos en cualquier momento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Queja 178/2015. 28 de octubre de 2015.
Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Salvador
Alejandro Lobato Rodríguez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de
diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
“REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE). SI
SE PROMOVIÓ AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE UN AUTOMÓVIL Y LA
DESPOSESIÓN MATERIAL DE ÉSTE POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO Y SE ADJUNTA A LA
DEMANDA EL INFORME OBTENIDO DEL PORTAL DE INTERNET DE AQUELLA DEPENDENCIA, EN
EL QUE CONSTAN LA VIGENCIA DEL MENCIONADO REPORTE Y EL TRÁMITE DE LA
AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, ESA INFORMACIÓN, AL TENER EL CARÁCTER DE
INSTRUMENTAL CON PARTICULARIDADES DE HECHO NOTORIO, ES APTA PARA ACREDITAR LA
INMINENTE EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE HAYA NEGADO SU
EXISTENCIA AL RENDIR SU INFORME PREVIO.[8]
La información que proporciona el
Registro Público Vehicular de la Secretaría de Gobernación (REPUVE), al
encontrarse publicada en una página de Internet Oficial del Gobierno Mexicano,
se considera una instrumental con características de hecho notorio y merece
valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Ahora bien, si se promovió juicio de amparo contra el aseguramiento ministerial
de un automóvil y la desposesión material de éste por contar con reporte de
robo, adjuntándose a la demanda la prueba documental consistente en la
impresión del informe obtenido del portal de Internet del Registro Público
Vehicular (REPUVE), en el que se aprecia que el vehículo afecto a la litis
tiene el mencionado reporte y que se encuentra en trámite la averiguación
previa correspondiente, y al rendir el informe justificado, la autoridad
responsable niega ese acto, es incontrovertible que ese medio probatorio, por
las características mencionadas, es apto para acreditar la inminente ejecución
del acto y, por ende, desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad
responsable en su informe previo. Lo anterior es así, en virtud de que al estar
vigente el reporte de robo mencionado y encontrarse en trámite la integración
de la indagatoria por la posible comisión de ese delito, ello pone de
manifiesto la inminencia de la ejecución del acto que reclamó el quejoso, en
tanto que puede ordenarse a la autoridad ejecutora residente en el lugar en el
que se encuentre el vehículo, que despoje materialmente de éste al quejoso, en
cumplimiento al aseguramiento decretado por el Ministerio Público.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión)
215/2015. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Vázquez
Marín. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.”
Esta tesis se publicó el viernes 4 de
diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Por
lo que hace a la información que se encuentra contenida en las páginas de
Facebook debemos señalar que al momento de ofrecerse en el procedimiento penal
también es conveniente ofrecer las políticas de privacidad pues de ahí deviene
que toda la información es pública:
“PRUEBA ILÍCITA. NO LA CONSTITUYE LA
OBTENCIÓN DE LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA DEL PERFIL DEL IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL
(FACEBOOK) EN CUYAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE QUE AQUÉLLA ES PÚBLICA
(LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).[9]
Conforme con la tesis aislada 1a.
CLVIII/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 217, de rubro: "DERECHO A LA
INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN.", todas las formas
existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución
tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ahora bien, constituye
"prueba ilícita" cualquier elemento probatorio que se haya obtenido o
incorporado al proceso en violación a derechos fundamentales, como son la
inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, de manera que
cuando la prueba es obtenida mediante una conducta dolosa transgresora de
derechos humanos, será espuria, y como tal, deberá privársele de todo efecto
jurídico en el proceso penal en atención al respeto de las garantías
constitucionales. Por otra parte, a toda persona asiste el derecho humano a
la vida privada (o intimidad), cuya noción atañe a la esfera de la vida en la
que puede expresar libremente su identidad, en sus relaciones con los demás, o
en lo individual. Este derecho a la vida privada tiene vinculación con
otros, como aquellos respecto de los registros personales y los relacionados
con la recopilación e inscripción de información personal en bancos de datos y
otros dispositivos, que no pueden ser invadidos sin el consentimiento de su
titular. En esta tesitura, partiendo de lo dispuesto en el artículo 135,
párrafo penúltimo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, la información contenida en páginas de Internet, constituye un
adelanto científico que puede resultar útil como medio probatorio, siempre que
para su obtención no se utilicen mecanismos para violar la privacidad de las
personas. Bajo tal contexto, y tomando en cuenta que dentro de las políticas de
privacidad que se establecen en la red social (facebook), si bien cada usuario
es libre de administrar el contenido y la información que publica o comparte,
no obstante, entre esos lineamientos se establece que la fotografía del perfil
"es pública", por consiguiente, quien decide usar dicha red social,
asume las "políticas de privacidad" que la misma determina, entre las
cuales se encuentra la citada, y en ese orden, no puede calificarse como
"prueba ilícita" la obtención de la impresión fotográfica del
imputado cuando, para conseguirla, la ofendida no hizo otra cosa que acceder a
la red social mencionada, e introducir versiones del nombre que recordaba de su
probable agresor, comportamiento que bajo ninguna perspectiva puede calificarse
como ilegal o violatorio de los derechos humanos del quejoso.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 141/2015. 18 de
septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
Secretaria: Gabriela González Lozano.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de
noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Sobre
las transferencias electrónicas realizadas por internet existe el siguiente
criterio aislado en materia civil:
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO ES
DOCUMENTO PRIVADO CUYO VALOR SEA EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA SIMPLE.[10]
La impresión de internet de una
transferencia electrónica no puede ser valorada como una copia simple de un
documento privado, toda vez que no puede imputársele a persona alguna su
elaboración o materialización ante la falta de firma autógrafa para efectos de
su reconocimiento,
sino que en términos de los artículos 1237, 1238, 1242 y 1245 del Código de
Comercio, así como del diverso 210-A del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, goza de la naturaleza de
descubrimiento de la ciencia, por lo que queda al prudente arbitrio del
juzgador la valoración de la información recabada de medios electrónicos.
Así, en aras de crear seguridad jurídica en los usuarios de los servicios
electrónicos, el legislador estableció reglas específicas para la valoración de
la documental electrónica, de tal suerte que no puede valorarse como si se
tratara de una copia simple de documentos privados, sino que queda a la
prudencia del juzgador, en la inteligencia de que debe atenderse
preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada,
comunicada, recibida o archivada la información contenida en los medios
electrónicos, como son el código de captura, la cadena de caracteres generada
con motivo de la transacción electrónica, sello digital o cualquiera que
permita autenticar el contenido de ese documento digital y no elementos ajenos
a la naturaleza de los documentos electrónicos; si el documento no fue
objetado de falsedad por la parte actora y la objeción fue en cuanto a su
alcance y valor probatorio, sin que se argumentara que dicho pago
correspondiera a bienes, servicios o cualquier otra diversa; mientras que si
existió el reconocimiento táctico de la existencia de dicho pago, contará con
pleno valor probatorio.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 634/2012. Central
Corporativa de Medios, S. de R.L. de C.V. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela
España García.
Nota: La presente tesis fue emitida en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada el 11 de marzo de 2015 por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
contradicción de tesis 299/2014, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, página
398.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de
mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Respecto
a las facturas electrónicas emitidas por internet existe el siguiente criterio:
“FACTURA ELECTRÓNICA COMERCIAL OBTENIDA
VÍA INTERNET. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PARA DEMOSTRAR
LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO A FAVOR DE LA PERSONA QUE EN ELLA SE INDICA, AUNQUE
SEA EXHIBIDA EN COPIA SIMPLE.[11]
Dicho documento fiscal digital que se
extrae de Internet, produce los mismos efectos que los documentos tradicionales
impresos y tiene similar valor probatorio, pues contiene información y
escritura generada, enviada, recibida o archivada a través de esos medios o de
cualquier otra tecnología,
acorde con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior,
por contener, entre otros datos: clave del Registro Federal de Contribuyentes,
tanto de quien la expide, como de la persona a favor de la que se consigna,
número de folio fiscal y digital del Servicio de Administración Tributaria, así
como la descripción y clase del bien que ampara, cumpliendo así con los
requisitos que prevé el numeral 17-E del citado código. Aunado a que,
conforme a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código
Federal de Procedimientos Civiles, debe atenderse preponderantemente a la
fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o
archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es
atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior
consulta. Por ende, la citada factura electrónica comercial es idónea para
demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en aquélla se
indica, aunque sea exhibida en copia simple, pues se presume, salvo prueba en
contrario, auténtica.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 94/2014. Jesús
Agustín Castro Olguín. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio
Antonio Castillo González. Secretario: Faustino Gutiérrez Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 5 de
diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Por
lo que hace a los correos electrónicos, por sus características especiales y
semejantes a un correo postal[12] las impresiones de los
mismos, sólo podrán presentarse por el remitente o el destinatario y no por un
tercero, tal y como así lo establece el siguiente criterio:
“DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS
COMUNICACIONES PRIVADAS. MOMENTO EN EL CUAL SE CONSIDERA INTERCEPTADO UN CORREO
ELECTRÓNICO.[13]
El correo electrónico se ha asemejado al
correo postal, para efectos de su regulación y protección en el ordenamiento
jurídico. Sin
embargo, es necesario identificar sus peculiaridades a fin de estar en
condiciones de determinar cuándo se produce una violación a una comunicación
privada entablada por este medio. A los efectos que nos ocupan, el correo
electrónico se configura como un sistema de comunicación electrónica virtual,
en la que el mensaje en cuestión se envía a un "servidor", que se
encarga de "enrutar" o guardar los códigos respectivos, para que el
usuario los lea cuando utilice su operador de cuenta o correo. La utilización
del correo electrónico se encuentra supeditada a una serie de pasos
determinados por cada servidor comercial. Así, es necesario acceder a la página
general del servidor en cuestión, donde se radican todos los mensajes de la
cuenta de correo contratada por el titular. Esta página suele estar compuesta
por dos elementos: el nombre de usuario (dirección de correo electrónico del
usuario o login) y la contraseña (password). De vital importancia resulta la
contraseña, ya que ésta es la llave personal con la que cuenta el usuario para
impedir que terceros puedan identificarla y acceder a la cuenta personal del
usuario. La existencia de esa clave personal de seguridad que tiene todo correo
electrónico, lo reviste de un contenido privado y por lo tanto investido de
todas las garantías derivadas de la protección de las comunicaciones privadas y
la intimidad. En esta lógica, se entenderá que un correo electrónico ha sido
interceptado cuando -sin autorización judicial o del titular de la cuenta-, se
ha violado el password o clave de seguridad. Es en ese momento, y sin
necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos, cuando se
consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas. No sobra señalar, que si bien es cierto que un
individuo puede autorizar a otras personas para acceder a su cuenta -a través
del otorgamiento de la respectiva clave de seguridad-, dicha autorización es
revocable en cualquier momento y no requiere formalidad alguna. Asimismo, salvo
prueba en contrario, toda comunicación siempre es privada, salvo que uno de
los intervinientes advierta lo contrario, o bien, cuando de las circunstancias
que rodean a la comunicación no quepa duda sobre el carácter público de
aquélla.
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15
de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.”
Por
cuanto hace a la forma de ofrecer las impresiones de páginas electrónicas, en
el procedimiento penal acusatorio sugerimos que esto sea mediante la acotación como
documental consistente en la “impresión gráfica de página web o de internet”
señalando si es oficial (página de gobierno) o si es de alguna red social
pública (facebook) señalando la dirección URL y la fecha de consulta, todo ello
para dar mayor credibilidad en cuanto a la impresión,[14] posteriormente en la
audiencia mediante una computadora se constante con la dirección URL la
existencia de la página de internet y de su contenido. Para el caso de
conversaciones por redes sociales como whatsapp o telegram, se sugiere que se
ofrezcan como “impresión gráfica de la conversación celebrada entre ______
y_______ en fechas:_______, por medio de la plataforma tecnológica de (whatsapp,
telegram u otra similar) la cual se obtuvo por medio del teléfono número _____
propiedad de ________ y el cual en el desahogo de pruebas se pondrá el
contenido de la conversación a la vista de las partes para mejor referencia. En
ocasiones, podrá ofrecerse la conversación privada mediante el archivo
sustraído del teléfono celular o por otro medio electrónico, siempre y cuando
dicha extracción sea con el consentimiento de la persona interviniente en la
misma, situación que también se sugiere se haga del conocimiento del juez para
no contravenir lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.[15]
Contacto: masveabogados@hotmail.com
Contacto: masveabogados@hotmail.com
[1]
Artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[2]
Artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[3]
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 276. Aportación de comunicaciones entre
particulares
Las comunicaciones entre particulares podrán ser
aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, cuando hayan
sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma.
Las comunicaciones aportadas por los particulares
deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga, por lo
que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de
confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere este Código, ni la
autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo anterior cuando se
viole dicho deber.
No se viola el deber de confidencialidad cuando se
cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho
deber.
[4]
Caso aparte es la intervención de comunicaciones privadas, pues estas tienen su
propio procedimiento y regulación específica.
[5]
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 263. Licitud
probatoria
Los datos y las pruebas
deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser
admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este
Código.
Artículo 264. Nulidad de la
prueba
Se considera prueba ilícita
cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales,
lo que será motivo de exclusión o nulidad.
Las partes harán valer la
nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal
deberá pronunciarse al respecto.
[6]
Época: Décima Época, Registro: 2004949, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis:
I.3o.C.35 K (10a.), Página: 1373.
[7]
Época: Décima Época, Registro: 2010703, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis:
VI.1o.A.43 K (10a.), Página: 1248. Véanse también: Época: Décima Época,
Registro: 2007483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10,
Septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.P.10 K (10a.),
Página: 2434, de rubro: INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE
ADMITIRSE LA OFRECIDA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SI RESULTA IDÓNEA PARA
DEMOSTRAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE. Y Época: Novena Época, Registro:
168124, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Común, Tesis: XX.2o. J/24, Página: 2470, de
rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS,
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN
PARTICULAR.
[8]
Época: Décima Época, Registro: 2010659, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis:
III.2o.P.89 P (10a.), Página: 1303.
[9]
“Época: Décima Época, Registro: 2010454, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Constitucional,
Penal, Tesis: I.5o.P.42 P (10a.), Página: 3603.
[10]
Época: Décima Época, Registro: 2009165, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis:
I.3o.C.220 C (10a.), Página: 2400.
[11]
Época: Décima Época, Registro: 2008130, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Administrativa,
Tesis: XIX.1o.2 A (10a.), Página: 819.
[12]
Véase: Época: Novena Época, Registro: 161340, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLVIII/2011,
Página: 217, de rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE
PROTECCIÓN.
[13]
Época: Novena Época, Registro: 161339, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV,
Agosto de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLIX/2011, Página: 218.
[14]
Véase: Época: Décima Época, Registro: 2012848, Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Administrativa,
Tesis: II.1o.28 A (10a.), Página: 2922, de rubro: DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALES. AUN CUANDO SE EXHIBAN EN IMPRESIÓN O COPIA SIMPLE, EL JUZGADOR DEBE
LLEVAR A CABO UN EJERCICIO DE CONSTATACIÓN EN LA PÁGINA DE LA DEPENDENCIA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE, PARA DOTAR O NO DE FIABILIDAD A SU CONTENIDO, SÓLO
PARA FINES DE VALORACIÓN PROBATORIA.
[15]
Véase: Época: Décima Época, Registro: 2002741, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J.
115/2012 (10a.), Página: 431, de rubro: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS
COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS
ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A
INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.
