FORMAS PRAGMÁTICAS E INSTITUCIONALES PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA EN MÉXICO

Dr. Luis Raymundo Massé Moreno

La oleada de delincuencia que se ha desatado en los últimos años en nuestro país, supera todas las expectativas imaginables de cualquier sociedad moderna. Es por ello que los gobiernos deben establecer una política criminal concatenada a los aspectos sociales inherentes al desarrollo de sus habitantes tomando en consideración la realidad palpable en que se desenvuelve ésta. De esta manera, el combate a la delincuencia puede realizarse desde varios frentes comunes, estableciendo una estratificación multimodal que permita un desaceleramiento oportuno de la delincuencia.

Considero que el gobierno no solamente debe combatir con armas y fusiles a la delincuencia, sino que debe también establecerse una verdadera política social en donde se prevean los factores atinentes a la desigualdad y falta de oportunidades. Así las cosas, el combate frontal a la delincuencia debe establecerse conforme a los siguientes parámetros:

Reforma estructural y de fondo de la normatividad penal: Se requiere que las Entidades Federativas y la Federación reformen sus cuerpos normativos en materia penal para adecuarlo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, de esta manera, se estará dando cabal cumplimiento a las disposiciones transitorias de dicha reforma y se establecerán las figuras novedosas como la investigación científica del delito, las técnicas especiales de investigación (operaciones encubiertas o entregas vigiladas) el criterio de oportunidad, la entrevista policial, la prueba anticipada, las formas de terminación anticipada del proceso (acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso) el procedimiento abreviado, el característico auto de vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares, entre otras figuras novedosas que se encuentran previstas en la citada reforma constitucional y que fueron desarrolladas en primer término en la iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales presentada por el Presidente de la República el 21 de septiembre de 2011, por medio de la cual se impulsa la implementación en el fuero federal y posteriormente cristalizada en la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

Es importante señalar que a nivel institucional la implementación del Sistema de Justicia Penal ha sido una prioridad, ello es así con los productos, gestiones y labor en general que ha venido realizando la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pues dentro de ella se apoya a las Entidades Federativas con subsidio federal para que las Entidades Federativas realicen todo lo relativo a la implementación del nuevo Sistema, por lo que debe valorarse el esfuerzo que ha realizado esta Secretaría Técnica desde el año 2010 a la fecha para que ahora se transforme en un organismo de consolidación, pues la implementación del sistema de justicia penal no debe verse solamente con miras a una implementación, sino también en un ejercicio de evaluación ex-post y en una consolidación del mismo, el cual requiere de un acucioso análisis en los distintos ejes en que se dividen los trabajos de esta Secretaría.

No obstante lo anterior, las entidades federativas también han contribuido en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio al elaborar y reformas sus diversas normas en la materia, sin embargo, consideramos que el trabajo normativo no se encuentra acabado, por el contrario, falta mucho por hacer por lo que las Entidades Federativas deben tener una actitud política de apertura la cual se refleje en la evaluación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Reforma al Sistema Educativo: Desde nuestra óptica, uno de los detonantes por los que la delincuencia se ha disparado en la última década es una política educativa arcaica y que no se adecua a las necesidades de nuestra sociedad. Ello es así porque si bien es cierto se tienen diversos sistemas en los que las nuevas generaciones tienen el acceso a la educación, también lo es que la falta de preparación de los maestros, una inadecuada política educativa, el letargo de los programas y planes de estudio son el ingrediente principal para que los jóvenes no tengan las ganas para educarse y salir adelante mediante una profesión decorosa. La consecuencia lógica es que los jóvenes obtienen con ello dos formas fáciles para salir adelante: el primero consiste en que al percatarse de que con estudios pobres solamente tendrán un salario de miseria, ya no quieren estudiar y se dedican o bien a trabajar de manera conformista por un salario y segundo, se envuelven en las redes de la delincuencia y comienzan a pertenecer a organizaciones delictivas, aparte de que en muchas ocasiones se les remunera mejor por la realización de sus actos ilícitos.

De ahí la necesidad de que se corrija la política educativa y se mejoren los planes y programas de estudio, también que exista algún incentivo para los nuevos profesionistas en materia fiscal, empleo y perspectiva laboral. Indirectamente debe reformarse el sistema de jubilaciones o retiros para dar oportunidad a que los jóvenes también puedan aplicar en la ocupación de un empleo digno y sobretodo bien remunerado. De ahí que también exista un compromiso gubernamental y también del sector empresarial pues a ellos también los beneficia.

Reforma a la política laboral: El sector empresarial se visto mermado e inmerso en el desarrollo de la delincuencia, primeramente porque ha sido blanco de múltiples ataques y extorsiones por parte del crimen organizado por lo que ha disminuido sus márgenes de ganancia al invertir en sistema sofisticados de seguridad y, en segundo plano, tenemos que la misma sociedad tiene miedo de salir a los lugares de esparcimiento pues se encuentran en la incertidumbre de que sean blanco de un ataque por parte de los múltiples carteles de la delincuencia organizada. De esta manera, es prácticamente imposible que los negocios puedan crecer y desarrollarse y por ende otorgar mayores fuentes de empleo para la comunidad. En virtud de lo anterior, debe existir también una cooperación del sector empresarial y de los sindicatos a fin de que se diseñe una verdadera reforma laboral para que las nuevas generaciones tengan empleos dignos y bien remunerados, con opción a su desarrollo dentro de la empresa, pues, en caso contrario, no existirá el incentivo que necesitan los jóvenes para dedicarse a los empleos que ofrecen las empresas y negocios. Consideramos que ello es de vital urgencia que se resuelva pues es una necesidad imperiosa dentro de todo estado democrático el que su sociedad tenga por su trabajo un nivel de vida decoroso y dentro de los estándares internacionales.

Por lo anterior, concluimos que lo que debe reformarse para combatir de manera institucional a la delincuencia son los siguientes tópicos: la reforma normativa a un Sistema de Justicia Penal de vanguardia, como lo es el acusatorio, en segundo lugar, reformar la política educativa para alcanzar un verdadero desarrollo profesional y, en tercer lugar, una reforma laboral de fondo, en donde exista una verdadera oportunidad de conseguir un empleo digno y bien remunerado.

Con la reforma a estos tres rubros no tenemos duda de que los niveles delictivos disminuirán y así podremos tener la sociedad que todos queremos y necesitamos, dentro de un marco de armonía y sensibilización de sus actores tanto en el sector público como en el privado, pues a final de cuentas, esto ya no es por nosotros sino por nuestros hijos.


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